Los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) quedaron habilitados para resolver el caso "López". Así lo decidió el tribunal de recusación, que, según fuentes judiciales, rechazó todos los argumentos que Carlos López, el aspirante a juez seis veces rechazado por el Poder Ejecutivo (PE), había esgrimido para separar del juicio a los miembros del alto tribunal.

Tres camaristas en lo Contencioso Administrativo (Salvador Ruiz y Horacio Castellanos, de la Sala I, y Carlos Giovanniello, de la Sala II) firmaron a las 19.50 de ayer la resolución que habilita a Antonio Estofán (presidente de la CSJT), René Goane, Antonio Gandur y Claudia Sbdar juzgar en el caso -LA GACETA intentó acceder al proveído, pero el sistema digital de consulta de expedientes no estaba disponible-. Daniel Posse, que también estaba recusado, se excusó por su condición de hermano de Jorge Posse Ponessa, fiscal de Estado.

Según López, los vocales del alto tribunal no podían juzgarlo porque forman o formaron parte del Consejo Asesor de la Magistratura que confeccionó las seis ternas que incluyeron su nombre (Posse, Goane, Gandur y Sbdar) y porque tienen amistad manifiesta con el gobernador (Estofán).

El viernes pasado, López atacó la conformación del tribunal de recusación citando jurisprudencia de la misma Corte que dispondría constituir el tribunal con Ebe López Piossek, vocal de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La semana pasada y por pedido del Colegio de Abogados de la Capital, esta camarista suspendió la aplicación del régimen de reemplazo de vocales de la Corte con conjueces elegidos por estos. Esta enmienda a la Ley Orgánica de Tribunales había sido sancionada en febrero por impulso del bloque oficialista de legisladores.

Ayer por la mañana, el gobernador, José Alperovich, responsabilizó a este diario por el vuelo que alcanzó el caso "López". "Cumplo con lo que dice la ley. La trascendencia (del caso) la da LA GACETA", opinó secamente luego de inaugurar obras de pavimento en Yerba Buena. La pregunta sobre el asunto agradó todavía menos a la primera dama tucumana y senadora nacional Beatriz Rojkés, que optó por guardar silencio y retirarse de la conferencia de prensa improvisada en la sede del Partido Justicialista. "Cada uno tiene derecho a hacer sus planteos y recurrir al Poder Judicial", expresó en el mismo ámbito Edmundo Jiménez, ministro de Gobierno y Justicia del Gobierno de Alperovich.

El caso "López" detonó el 2 de junio, cuando Rodolfo Novillo, presidente de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el concursante frustrado y paralizó la designación de Diego López Ávila como fiscal de Instrucción en lo Penal de la IV Nominación de esta Capital. Mediante una acción de amparo, López argumentó que dicho acto discrecional es nulo puesto que el gobernador se inclinó por el segundo de la terna -que él encabezaba- sin fundamentar su decisión.

Aunque la cautelar sigue en pie, el pleito salió de la órbita de la Sala II hace una semana por decisión de la CSJT. El miércoles, el alto tribunal declaró su competencia exclusiva y originaria en el caso como le había peticionado el abogado Aldo Luis Cerrutti con el patrocinio del fiscal de Estado, Posse Ponessa.

El viernes pasado, allegados de López hicieron una manifestación en la plaza Independencia. El sábado, el equipo de Los Tarcos, su club de toda la vida, salió a la cancha con una bandera que decía "Fuerza Dr. 'Chiqui' López". El domingo, el concursante frustrado cuestionó la resolución por la que el alto tribunal se declaró competente, y denunció otra vez la violación del debido proceso y de la garantía de un juicio imparcial.